La diputada bandeña Mariana Morales sumó su voto contra el aumento del 47% de las dietas

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Tras una ardua sesión en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, donde uno de los temas centrales fue el pedido de aumento del 47% en las dietas de diputados y senadores, la legisladora bandeña del Frente Renovador, Dra. Mariana Morales, fijó una clara postura en contra del ostensible incremento que generó un fuerte rechazo de gran parte de la sociedad argentina.
En consonancia con sus compañeros de bancada, la representante de Santiago del Estero sumó su voto para tratar de frenar la desproporcionada suba salarial que tuvo el apoyo de la mayoría oficialista y de otros bloques menores.
No obstante, el planteo impulsado por la Dra. Morales junto con muchos de sus pares –que atendieron la demanda social- sirvió para que el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, decidiera suspender parcialmente el aumento, en los ítems “gastos de representación” y montos fijados para pasajes y desarraigo.
Presupuesto
En esta misma sesión, en la que estaba previsto discutir el primer presupuesto de la gestión del presidente Mauricio Macri, la diputada Mariana Morales también tuvo una activa participación.
Al referirse a este punto, detalló: “Cuatro conceptos se pusieron en la discusión de presupuesto: federalismo, equilibrio de poderes, prioridades en los gastos; sobre todo tomando en cuenta las necesidades de intendentes y gobernadores fortaleciendo nuestro federalismo y control y transparencia de las cuentas públicas”.
Indicó que “se han realizado veinte cambios en el articulado del proyecto original, se eliminaron tres artículos y se han incorporado veinte artículos originales donde se han agregado planillas de obras y modificaciones varias”.
En este sentido, la diputada destacó: “Se hizo un esfuerzo muy grande para empezar a caminar un sendero de mayor federalismo, la devolución del 15% de la masa coparticipable a las provincias, partida adicionales para el fondo sojero para las provincias y los municipios para realizar obras; se amplió el alcance de la información pública que debe brindar el poder ejecutivo sobre fondos fiduciarios”.

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